MENTTE CEDAT | POLÍTICA PÚBLICA
Durante el pasado mes de abril, comenzamos las gestiones para la colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica. El objetivo es implementar el programa de Terapia Cognitivo Conductual basado en Atención Plena para Jóvenes en Conflicto con la Ley, financido por USAID México; como política pública de atención a jóvenes en conflicto con la ley. El modelo fue bien recibido por estar basado en evidencia científica, y estar enfocado a dos ejes clave: prevención de la violencia y el fortalecimiento de capacidades institucionales. La colaboración gira entorno a tres elementos principales:
1) Capacitación. El acuerdo, tiene como propósito capacitar a 35 funcionarios públicos y personal de 10 municipios de la zona metropolitana de Monterrey y personal del gobierno del Estado. El perfil de las instancias replicadoras del modelo es aquellas que trabajan con jóvenes en riesgo, pertenecientes a los sistemas de justicia penal y cívica. Durante el próximo mes de junio, se estará activando la convocatoria, y firmando el acuerdo de colaboración, con la meta de aperturar el primer grupo para transferir el protocolo Mente Libre, a principios del mes de julio.
2) Atención a jóvenes en conflicto con la ley. El alcance proyectado en esta primera fase, será llegar a 100 jóvenes, provenientes del sistema de justicia penal, quienes recibirán la atención directa de los facilitadores certificados en el protocolo; así como el fortalecimiento institucional para su atención, por parte de los gobiernos locales pertenecientes a diez municipios del área metropolitana de Monterrey.
3) Evaluación. Además de la capacitación, tanto los jóvenes en conflicto con la ley, como los facilitadores, serán evaluados con un instrumento PRE y POST, con la finalidad de documentar los avances y cambios durante el proceso. Así mismo, recibirán un acompañamiento y asesoría en la práctica, para garantizar que el modelo de transferencia se adecúe a los lineamientos del proyecto.
El objetivo final es dejar instaladas las capacidades locales de las instancias locales de gobierno para la sustentabilidad de las políticas públicas de reinserción y atención a jóvenes. Además, se espera contar con evidencia científica rigurosa que permita a los tomadores de decisión y a la ciudadanía promover las políticas públicas más importantes y diferenciarlas de aquellas que podrías ser más populares pero ineficientes.